Ecuador: Revitalización de la articulación popular

El día de ayer, la Asamblea Nacional del Ecuador, anunció la puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales, al publicarla en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 711. Según este órgano oficial, la ley “garantiza la soberanía alimentaria en el Ecuador y regula el cumplimiento de la función social de la propiedad agraria, para evitar la especulación de su valor. En este aspecto, la norma no afecta a tierras comunitarias ni a territorios indígenas, tampoco a predios de la agricultura familiar campesina que tengan menos de 25 hectáreas en la Sierra, 75 hectáreas en Costa y estribaciones y 100 hectáreas en la Amazonía y Galápagos”[1].

 

Además, esta ley, hablaría de la corresponsabilidad y cooperación entre el Estado y las comunidades en la protección de los recursos naturales y establece incentivos para comunidades que conservan el páramo y ecosistemas frágiles; reconoce y legaliza la posesión ancestral de tierras y territorios mediante “procesos gratuitos, ágiles y eficientes, respetando las características de cada comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad” y otorga nuevas posibilidades para el acceso a créditos para vivienda y producción, garantizando además, la excepcionalidad en el pago de impuestos.

 

No obstante a este anuncio, líderes indígenas y campesinos reunidos el pasado 1 de marzo del 2016, anunciaron el Primer Encuentro Nacional de la Cumbre Agraria, previsto para el 20 y 21 de mayo, reuniendo a nueve organizaciones, con el objetivo de construir “una propuesta desde los trabajadores de la tierra para garantizar la soberanía alimentaria e impulsar la economía popular” y visibilizar alternativas al modelo que consideran extractivista para enfrentar la crisis. Además, las organizaciones de esta Cumbre, rechazan la mencionada Ley de Tierras, pues en los debates prelegislativos, se presentaron varias observaciones. A estas organizaciones del campo, se sumarían otras con agendas vivas por las políticas y proyecto de ley laboral que se encuentran en pleno debate[2].

 

Este clima de articulación popular desde hace algunas gestiones, va esclareciendo no sólo instancias de debate, sino también varias expresiones y campañas. Por ejemplo, ha empezado a circular una campaña denominada “Resistir Es Mi Derecho”, que busca visibilizar la criminalización a la protesta en Ecuador, específicamente durante el Levantamiento Nacional de agosto del 2015, cuando más de 100 personas fueron judicializadas por sabotaje, ataque y resistencia, y paralización de servicio público. Muchas de ellas, sancionadas con multas y sentenciadas con prisión de 6 meses hasta 7 años. La campaña sintetiza los casos judiciales y en su presentación, el día de hoy, anunció la Demanda de Inconstitucionalidad al Delito de Ataque o Resistencia (Código Penal) y el impulso de la Ley de Amnistía.

 

En Ecuador, existen cientos de personas criminalizadas por exigir sus derechos, por protestar, por defender la vida, por exigir justicia, por defender sus territorios, por exigir una educación libre, por la organización sindical. Esta campaña vendría a ser consecuencia de que se ha criminalizado precisamente a “personas humildes, trabajadores, estudiantes, indígenas, mujeres, personas defensores y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza”, pese a que la Constitución ecuatoriana, reconoce el Derecho a la Resistencia[3] y todos estos sectores, están movilizados y pendientes de sus agendas reivindicativas.

 

[1] Disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/42243-ley-de-tierras-esta-en-plena-vigencia-hoy-se-publico-en

 

[2] Disponible en: http://www.elcomercio.com/actualidad/indigenas-campesinos-cumbre-agraria-ecuador.html

 

[3] Visite la web de la campaña: http://resistiresmiderecho.org/

 

 

Fuente: http://porlatierra.org/novedades/post/98

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