Con la Ley de Tierras se consagra la estructura inequitativa de tenencia de la tierra y se eluden los mandatos constitucionales de redistribución.

16/12/2015

Boletín Informativo

 

Este jueves 17 de diciembre está convocada la Asamblea Nacional para conocer y aprobar en segundo y definitivo debate el proyecto de Ley de Tierras elaborado por la Comisión parlamentaria respectiva, con lo cual quedan sepultados los mandatos constitucionales de prohibir la concentración de la tierra y abrir un proceso de profundas transformaciones para cambiar la estructura de tenencia inequitativa que prevalece en el Ecuador desde hace décadas.

 

Esta es la opinión que el Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador (SIPAE) ha planteado luego de analizar el mencionado documento legislativo.

 

La Constitución del 2008 plantea claramente en su texto que: “se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra” (artículo 282) y que el Estado debe: “promover políticas redistributivas que permitan el acceso a la tierra por parte de los campesinos” (artículo 281). La Ley de Tierras a aprobarse no hace ni lo uno, ni lo otro.

 

Al contrario, la nueva Ley de Tierras lo que norma es garantizar la estructura actual de inequidad e injusticia en la tenencia y promueve la continuidad de un modelo de desarrollo basado en el agronegocio en alianza con los capitales transnacionales.

 

Pero además, el conjunto del proceso, en primero y segundo debate parlamentario, atravesando por una mal llamada consulta legislativa, adolece de un carácter autoritario que desconoce las demandas históricas de los movimientos sociales del campo y las organizaciones que no son afines al gobierno.

 

Adicionalmente cabe indicar los siguientes puntos de observaciones específicas sobre el informe a segundo debate que se inicia este jueves:

 

• La función social de la tierra es evaluada con criterios limitados y en extremo reduccionistas.

 

• Distorsiona la concepción de Soberanía Alimentaria y la subordina al aumento de la producción agrícola para la exportación.

 

• No controla la extranjerización de la tierra.

 

• Carece de voluntad política para establecer límites a la propiedad agraria.

 

• La redistribución de tierras es reducida a lógicas de adjudicación de tierras del patrimonio público, los procesos de expropiación son poco viables.

 

• Ausencia de regulaciones precisas al mercado de tierras.

 

• No establece disposiciones para revertir las tierras a sus legítimos dueños en caso de que se confirmen irregularidades en la transferencia de dominio de tierras comunales.

 

 

Dr. Arturo Campaña – Director SIPAE
Msc. Francisco Hidalgo – Responsable equipo tierras

 

 

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