Propuestas y críticas a Ley de Tierras en Lago Agrio

 “ [En el tema de la Legalización de tierras ancestrales] ...nos hemos encontrado en muchos casos en el ámbito de la gestión que los organismos de Estado necesitan saber numéricamente de cuántos años debe tener para considerarse ancestral, yo me voy con la nacionalidad Awa que tiene 25 años asentados en la Reserva Faunística Cuyabeno acá cerca de Parcayacu al Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente me dice a mi (…) “ustedes no son ancestrales, acá apenas tienen 25 años…”

 

Representante de la nacionalidad Awa.

 

 

Los días 28 y 29 de abril, en la sede del FEPP Lago Agrio, se hizo un análisis tanto contextual como de contenido del Proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios ancestrales junto a representantes de comunas, pueblos y nacionalidades amazónicas (Kichwa, Cofán, Shuar, Afro, Atari, Mushu Llacta, entre otros) así como servidores del GAD de Sucumbíos, pobladores de la provincia y servidores del FEPP. La actividad fue promovida por FEPP, con el apoyo de SIPAE - ILC.

 

Se discutieron los antecedentes de la Ley, citando a la Constitución y a la LORSA, el conjunto de eventos previos a su aprobación en primer debate en la Asamblea y la Ley en sí misma, haciendo énfasis en los temas de mayor interés para los participantes. Se profundizó en los artículos concernientes a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades –Capítulo V del Título II-, así como las funciones de la Autoridad Agraria Nacional, los procedimientos de regularización y los mecanismos de afectación a las tierras rurales y los seis puntos clave sobre los cuales debería responder la Ley de Tierras en discusión.

 

Al respecto se plantearon algunas propuestas y críticas en temas como: 

 

  • Seguridad jurídica del acceso a tierras

 

Puesto que en la Amazonía el promedio de extensión por propiedad –según testimonio de los  presentes- varía entre 75 y 100 hectáreas, en cuanto al tema de concentración y latifundio en el proyecto de Ley quienes participaron del análisis miran que no se respeta la realidad de la región estableciéndose un promedio de hectáreas menor al de la mayoría de propietarios, pues haría que todos quienes superen dicha extensión caigan en la definición de latifundistas o tendientes a la concentración y con ello sean sujetos de todos los articulados que hablan del control de dichas propiedades. Por lo que en su mayoria se plantean el tema de seguridad jurídica de las tierras de las que son posesionarios en la actualidad.

 

  • Proceso de reconcentración de tierras, contaminación y minifundización

 

Constituyen motivo de controversia las propiedades que reconcentran gran cantidad de tierra, sea por su actividad económica o por el tipo de cultivo que en ellas se levante, en relación a contaminación medioambiental y crecimiento demografico. Por lo que se demanda control para estas así como la generación de mecanismos que prevengan la fragmentación progresiva de tierras y así evitar llegar a extensiones insuficientes para la subsistencia familiar. Se dijo que el proyecto de Ley no plantea esta problemática desde una perspectiva real, aunque algunos artículos prohíban la fragmentación a extensiones iguales o menores a la “unidad productiva familiar” -que se definirá en el reglamento- y planten que se fomentará la asociatividad.

 

  • Indefinición jurídica de tierras indígenas

 

Las tierras en posesión de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tal como se declara en el proyecto de Ley, no implican título de propiedad (Capítulo V del Título II). Considerando que en el Proyecto de Ley no se contempla el destino de las tierras de posesión ancestral que se encuentran en áreas protegidas o zonas sensibles y que, al respecto solamente menciona -en el artículo 74, párrafo 3- que en “en el caso de legalización de tierras comunales o de territorios en áreas protegidas, patrimonio forestal del Estado o bosques y vegetación protectores, la delimitación y adjudicación la realizará la Autoridad Agraria Nacional de conformidad con los lineamientos que establecerá para el efecto la Autoridad Ambiental Nacional”.

 

Por otro lado, considerando que en la Ley forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (2004) en el artículo 2 establece “No podrá adquirirse el dominio ni ningún otro derecho real por prescripción sobre las tierras que forman el patrimonio forestal del Estado, ni podrán ser objeto de disposición por parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario. El Estado garantizará a los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos, lo previsto en el artículo 84 de la Constitución Política de la República”; se concluye que: en el proyecto de Ley queda un enorme vacío respecto de cuál va a ser el destino de las tierras que se encuentran en dichos espacios y que si se hace una lectura en conjunto de sus artículos (y de preferencia participativa y con involucrados directos como en este caso) se puede llegar a prevéer que la adjudicación de esas tierras es inviable en tanto en el mencionado artículo 2 de la Ley forestal se prohíbe la adquisición del dominio y de todo derecho por prescripción, entendiendo este último término como el derecho a solicitar la propiedad de un territorio por haber habitado un tiempo predeterminado en él. 

 

Es decir, si conjugamos ambos artículos y además la ausencia de una declaración concreta del proyecto de Ley respecto de esta problemática podríamos afirmar que la situación de posesionarios de los pueblos y nacionalidades ubicados en las zonas en cuestión no va a cambiar.

 

  • Inseguridad jurídica sobre pequeñas parcelas y minifundios

 

En el artículo 59 del proyecto de Ley en discusión dice que “La Autoridad Agraria Nacional dará celeridad a los procesos de titulación, para la implementación de los programas o planes de integración productiva parcelaria de predios rurales cuya extensión sea menor a la Unidad Productiva Familiar, desarrolladas por iniciativa de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina, de conformidad con esta Ley…”; por ello es necesario especificar cuál es la extensión de la mencionada Unidad Productiva Familiar para, a partir de ello, ubicarse en los procesos que les corresponderían. 

 

Por otro lado se considera positivo que en el artículo 62 ya se establezcan cuáles va a ser las formalidades que deben cumplir los actuales posesionarios de tierras rurales generales para lograr la adjudicación de dicho espacio. Finalmente, no se logra comprender cuál va a ser el mecanismo a implementarse para lograr evitar la fragmentación de la tierra en proporciones menores a la Unidad Productiva Familiar, ya que como se señala en el artículo 27, literal g, es un fin del proyecto de Ley el “…desestimular la fragmentación de la tierra rural estimulando procesos asociativos de producción y comercialización…”; es decir, a pesar de que en el proyecto de Ley se señala que se trabajará sobre el control de la fragmentación de la tierra para así evitar que aumenten los minifundios, excepto por la asociatividad, nuevamente no se señala otro mecanismos diferente al de la prohibición de la fragmentación de la tierra en extensiones menores a la Unidad productiva familiar que se proyecte al futuro respecto del crecimiento de la población y la práctica común de fragmentar la tierra por motivo de herencia.

 

El proyecto de Ley no enfrenta el problema de la minifundización desde sus dimensión real, es decir, al mismo tiempo que no se habla de una potencial fragmentación de la tierra por crecimiento poblacional tampoco se enfrenta e problema de la concentración y el latifundio con mecanismos reales y contundentes que permitan cambiar eliminarlos para así redistribuir esa tierra a aquellos campesinos que carecen de extensiones suficientes o tienen alguna característica negativa en relación a este recurso, dándose soluciones parciales e inmediatas que no reconfiguran el mapa del acceso a la tierra.

 

  • Edad avanzada de productores campesinos, feminización del trabajo en el campo y de la mujer

 

A pesar de que en el artículo 6, literal i, se reconoce la equidad social, de género y generacional, no se hace expreso en ningún otro artículo algo relacionado a la migración de la fuerza de trabajo principalmente joven que deviene en la permanencia mayoritaria de personas con edad avanzada y mujeres  en el campo, es decir, en el proyecto de Ley existe una ausencia total, no solo del reconocimiento de los mencionados problemas, sino también de una solución que les haga frente.  

 

Respecto a la población adulta mayor no se hace ninguna mención en absoluto a lo largo del proyecto de Ley; mientras que, respecto a la feminización del trabajo en el campo lo máximo a lo que se llega a mencionar es - artículo 13, literal b- que tendrán prioridad aquellas organizaciones entre cuyos miembros se encuentren las mujeres y madres de familia que han asumido la manutención del hogar; este artículo expresa el desconocimiento por parte de los hacedores del proyecto de Ley de la realidad de la vida familiar en el campo, puesto que una oración así dispuesta hace referencia a un hogar con ausencia plena del padre, cuando en los espacios rurales lo que sucede es que los hombres migran no por abandono del hogar sino para encontrar recursos fuera del territorio, lo que de plano deja por fuera a la mayoría de mujeres que trabajan la tierra solas pero que no han sido necesariamente abandonadas o estén asumiendo solas la manutención de su familia. En definitiva, no se observan medidas reales que solucionen estos problemas que aquejan al trabajo y la vida en el campo, al hacerlo el proyecto de Ley desconoce la necesidad de solucionarlos y deja sin resolver uno de los más grandes conflictos de la ruralidad. 

 

 

 

 

 

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