Entrevista a Miguel Carvajal y Mauricio Proaño: 4 puntos claves del proyecto de Ley de Tierras.

MONITOREO DEBATE LEY DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES

 

Entrevista al presidente y vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional

 

Miguel Carvajal y Mauricio Proaño

 

Entrevista realizada por Monitoreo Agrario ENI Ecuador  (F. Hidalgo y M. Ramos).

 

Abril de 2015

“Producción, equidad social y equidad en el acceso a los factores de producción son los objetivos centrales de la Ley, además de cómo lograr un régimen administrativo adecuado”.

 

Monitoreo Agrario (M.A.): ¿Cuáles son los puntos fundamentales de la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales presentada para primer debate en la Asamblea Nacional, el mes anterior?

 

Miguel Carvajal (M.C.): En primer lugar, el enfoque: en el marco constitucional que garantiza toda forma de propiedad y que plantea que la soberanía alimentaria es un objetivo estratégico del Estado, la propuesta de Ley apunta a dos orientaciones claves: a) mejorar la producción y la productividad para garantizar la soberanía alimentaria del país, en circunstancias en que tenemos una superficie de uso agropecuario que casi no puede crecer, 7’300.000 ha. junto a circunstancias en que tenemos un crecimiento demográfico alto en el país; b) ¿Cómo logramos resolver los temas de soberanía alimentaria? Al mantener la producción y al mismo tiempo mantener las actividades de agroexportación que han sido una fuente fundamental de ingresos y de generación de empleo en el país.

 

En segundo lugar: ¿cómo implementamos el mandato constitucional de crear un fondo nacional de tierras administrado por el sector público? esto tiene que ver con la producción, pero tiene que ver también con el combate a la pobreza a nivel rural;  que aunque el Gobierno de la revolución ciudadana la ha disminuido significativamente, se ha bajado en estos últimos años de 32% a cerca del 17% la pobreza extrema rural y se ha reducido más de 30 puntos porcentuales la pobreza por ingresos, pero sigue siendo la pobreza rural más o menos el doble de la pobreza urbana en el país, de hecho este es un tema estructural que hay que atender.

 

Por ello  los objetivos centrales son: producción, equidad social y equidad.

 

A eso se suma ¿cómo lograr un régimen administrativo?, porque la ley de tierras tiene que ver con el régimen administrativo de la tierra que permitan remover un régimen caduco, obsoleto, neoliberal que está el vigente con la ley de 1994. ¿Cómo se plasma esto?. Nosotros estamos desarrollando el mandato constitucional que obliga a que toda propiedad agraria cumpla la función social y la función ambiental. La función social es histórica, la tierra que está en condiciones de producción agropecuaria que produzca; la nueva constitución dice que también debe cumplir la función ambiental, es decir que quienes están produciendo lo hagan ambientalmente bien, sin contaminación de suelo, de agua o de aire. No cumplen con la  función social aquellas propiedades que están dedicadas a la especulación del suelo rural, es decir que tiene capacidades para producir y no produce, que tienen infraestructura productiva como riego pagado por todos los ecuatorianos y que no producen, esas propiedades están incumpliendo la función social. No cumplen la función ambiental aquellos que están contaminando el agua, el suelo o el aire, con fumigaciones prohibidas o en cantidades que no son admitidas por la normativa están incumpliendo la función ambiental.

 

No se pueden afectar las tierras comunitarias, no se pueden afectar territorios indígenas, afroecuatorianos, es decir los pueblos ancestrales o montubios y no se podrán afectar las tierras que son parte de lo que podemos llamar la economía familiar en el Ecuador, es decir, no se podrán afectar tierras de superficie menor a 70 ha en la costa y en las estribaciones occidentales y orientales de la cordillera, no se podrán afectar tierras privadas menores a 25 ha en la sierra y no se podrán afectar tierras menores a 75-100 ha en la Amazonía, con esto estamos hablando de cerca del 95% de propietarios rurales en el país.

 

La ley manda apoyo técnico, acceso a crédito, el seguro agrícola, riego parcelario, etc., apoyo que tratan de una transferencia de renta pública para los sectores de agricultura familiar, nosotros no podemos derrotar la pobreza en el mundo rural si es que no hay inversiones sociales, ciertamente en educación, en salud, pero tampoco podemos derrotar si es que no hay inversiones públicas en la producción, inversiones públicas significa transferencia de recursos a los más pobres en el mundo rural.

 

Se le dirá al propietario que no cumple con la función social que si al cabo del año no ha logrado ni invertir en producción, ni mejorar la productividad tendrá seis meses más para hacerlo, si al cabo de 18 meses no lo hace el Estado puede afectarle.

 

¿Qué significa afectarle? Comprar la tierra al precio catastral y esa tierra que la compra el Estado pasa a ser un bien público y va a ser redistribuida entre organizaciones campesinas pobres que no tengan tierras y organizaciones campesinas que tengan tierras de mala calidad, hay una prioridad establecida en la ley para garantizar a mujeres, a trabajadores de haciendas, etc.

 

Un cuarto componente importante, si es que hay campesinos que quieren comprar tierras que han sido afectadas ¿cómo compran?, la Constitución habla de crear el , entonces estamos creando un fondo nacional de tierras que se nutre de lo que se recupera de las haciendas y predios que ya han sido transferidos a organizaciones campesinas, este momento estamos hablando de cerca de 20.000 ha. me parece, entre ellas muchas de las haciendas de la banca privada que quebró al país y que ahora están en manos del Estado,  entonces el fondo nacional se va a nutrir de esos recursos más fondos que puedan colocarse del presupuesto del Estado, será administrado por una entidad pública.

 

Hay varios estudios en el país que muestran que el mecanismo de compra de tierras mediante subsidios podría mejorar significativamente la redistribución de tierras en el país, los campesinos no quieren que las tierras se las regalen, quieren pagar, quieren comprar, pero con condiciones que les permita comprar y pagar los créditos así como vivir mejor, en torno a la redistribución está creado el fondo nacional de tierras con tasas de créditos preferenciales, estamos estudiando ahí con los organismos del ejecutivo para ver qué tasa se puede poner. 

 

Esto está asociado con otro concepto que está en la ley que es el concepto de la unidad productiva familiar, este concepto de unidad productiva familiar es nuevo en el Ecuador ¿qué es?, es una unidad de medida que se aplica fundamentalmente para la redistribución de tierras, si tenemos una hacienda de 1000 ha. en la costa necesitamos saber entre cuántas familias se posible redistribuir sin que exista discreción, ¿cuántas familias me entran en la costa si es que hay riego? ¿Cuántas me entran si no hay riego? es decir, depende de las condiciones del suelo y de la producción. 

 

Mauricio Proaño (M.P.): por ejemplo antes,  100 ha. se la entregaban a organizaciones de 500 familias sólo para que el político quede bien, hoy no, digamos que en ese ecosistema necesitamos 5 ha. para que una familia tenga dos salarios básicos mínimos, pague su tierra y tenga una utilidad para mejorar, entonces  ya no es para 500, es para 20, entonces en esa forma ya eliminamos a futuro los minifundios.

 

 

 

M. C.: el otro elemento al definir la  unidad familiar es que sea una superficie determinada con condiciones de suelo, de ambiente, de infraestructura, de tipo de producción  que le permita a la familia beneficiaria tener trabajo, tener trabajo agrícola o tener trabajo rural, pero además ingresos netos promedios de dos salarios unificados, estamos hablando de USD 700, no se puede entregar una superficie menor para redistribución que aquella que les permita tener al menos un ingreso de USD 700 mensuales, ese es el concepto, es un concepto nuevo en el país, habrá que ver si se lo puede ir desarrollando. 

 

En el proyecto de ley ¿qué hacemos respecto de la extrema minifundización de la tierra?, tenemos lotes de 30m2, que pueden en la agricultura nacional dividirse entre 5 o 6 herederos, ¿Qué hace una persona con 6m2? pero resulta que muchas veces es el único bien que tiene la familia campesina. Los municipios tienen la capacidad legal y la obligación de poner los mínimos permitidos para la división de tierras urbanas, del suelo urbano y también de las tierras rurales, porque hay que poner un límite a esta excesiva minifundización que puede terminar afectando las condiciones de producción del país. 

 

¿Cómo logramos esa famosa tesis de: “la integración de los minifundios”?, los minifundios no se integran por decreto, lo que la ley está promoviendo es la posibilidad de políticas públicas de integración productiva de minifundios, es decir, los productores minifundistas se integran para producir choclos, para producir maíz, para comercializar o para producir cachama o para producir truchas, es decir, se integra porque hay un beneficio. Algunas normas que estamos poniendo tienen que ver por ejemplo que para que en el caso de venta de tierras, de superficies muy pequeñas, llamémosles minifundios tengan prioridad para comprar el vecino, no una obligación pero si una prioridad de comprar, para lograr recomponer la superficie productiva de los pequeños productores.

 

Se da otro problema, hay propietarios minifundistas que tienen por ejemplo 5 lotes, pero un lote está a 1, 2, 5 km  de distancia, uno está en la colina, otro está en la quebrada, ¿cómo integramos?, tiene 5 lotes, es verdad, pero dispersos, y a veces menos, a veces con los 5 lotes hacen 500 m2, media hectárea; nos interesa que todos los lotes sean titulados, sobre todo cuando son minifundistas, ¿por qué? Porque este es un tema de seguridad jurídica.

 

Si la seguridad jurídica es importante para los grandes, para los medianos y para los inversores es también fundamental para los pequeñitos, porque eso tiene que ver con la posibilidad de no tener crédito, eso tiene que ver con la seguridad familiar para las herencias, todos necesitamos una seguridad jurídica y hay que darle prioridad a los pequeñitos. En este momento nosotros tenemos todavía 120.000 lotes, 120.000 familias, 120.000 jefes de familia que todavía no han logrado titular la tierra, hace cuatro años eran como 320.000, se ha avanzado bastante.  ¿Qué propone la ley sobre esto?  Modificar la ley actual que dice que solo en cuatro distritos en el país, en cuatro ciudades, se pueden titular, Quito, Riobamba, Cuenca y Guayaquil, la nueva ley propone que se pueda titular en todo el país, en todas las capitales, pero además con los municipios.

 

M.C.: Otro tema  importante es el caso de propietarios colectivos, es decir de aquellas familias que son miembro de una comunidad y que puede tener también lotes particulares pero en propiedad es colectiva. La tierra colectiva no se puede hipotecar, porque no se puede afectar, porque no se puede infraccionar, entonces aquí viene un conflicto entre quienes tienen propiedad, son propietarios colectivos muchas veces de extensiones muy grandes, hay comunas que tienen 5000 ha., 3000 ha., 1000 ha. y no pueden hacer un crédito para su casa en el solar que le ha asignado la comunidad porque no pueden hipotecar el solar,  o no pueden hacer un crédito productivo en la tierra que le ha asignado la comunidad porque es propiedad colectiva, entonces estamos proponiendo un mecanismo para que los propietarios colectivos, valga decir, los miembros de comunidades que tienen tierras colectivas, puedan hacer créditos para vivienda y para producción, solo con la certificación y el reconocimiento de que son miembros de una comuna y garantizados por la comuna en el sentido que si no pagan va a haber restricciones para los otros miembros de la comuna, responsabilidad social, además garantizados por un fondo de garantías públicas, porque es en los pequeños que tienen que centrase la política pública para revertir la pobreza y eso supone producción, supone mejor calidad de vida.

 

M.A.: ¿Cómo enfrenta el proyecto de ley el tema de concentración de la tierra y latifundio?

 

M.C.: La concentración de tierras y latifundio, ¿Qué es lo que la constitución manda?, la Constitución prohíbe el latifundio y la concentración de tierras, pero la ley tiene que definir qué es latifundio y aquí viene una de las dificultades porque algunas propuestas por ejemplo nos dicen “hay que poner un máximo de 500 ha. en la costa y 200 ha. en la sierra (COPISA)”, en la costa se pueden afectar con eso a algunas haciendas que tienen 700 - 1000 hectáreas, se dividen entre los hijos en nombre y eso está resuelto, en la sierra, no creo que haya haciendas de más de 100 ha, a excepción de aquellas que estén en páramo, en páramo hay haciendas que tienen sobre las 100 ha, pero la zona productiva de los valles es muy difícil de encontrar eso.

 

M. P.: por ejemplo en el cantón Mejía el 98.9% de las propiedades es de alrededor de 50 ha y están produciendo, o sea con 200 ha que se pone como límite no pasa nada.

 

M. C.: Nosotros hemos desarrollado una concepción de latifundio como una superficie grande de tierra que está ineficientemente producida. ¿Qué es una unidad grande? Lo que se ha planteado son las variables que tomar en cuenta:  por tipo de producción, tipo de suelo, superficie, etc., para que sea la autoridad agraria en base a la zonificación del país la que defina.

 

 

El tema de concentración de tierras, el problema de la gran propiedad tiene que ver con la gran propiedad que se compra y la gran propiedad que se alquila, no hay un problema solamente de compra, muchas de las tendencias mundiales son para el arrendamiento de la tierra, pero uno de los efectos de la concentración son las actividades monopólicas, es decir, se comienza a jugar monopólicamente el precio, monopólicamente los sistemas de comercialización, control monopólico de mercados internos, control monopólico de mercados externos y termina afectando a la mediana y la pequeña producción, esos son varios de los mecanismos que hay que ir definiendo. 

 

Estamos poniendo como causal de expropiación los comportamientos monopólicos y de concentración de tierras, igual que causal de expropiación el incumplimiento de la función social y de la función ambiental, causal de expropiación es la concentración de tierras.

 

Ahora ¿qué hacemos con los procesos de extranjerización de la tierra?, la  Constitución ecuatoriana da los mismos derechos a los ecuatorianos que a los extranjeros o residentes más de 5 años en el país, pueden votar, pueden participar en todo, nosotros estamos diciendo que los extranjeros podrán adquirir tierra como todos los ecuatorianos pero hasta 10 unidades productivas familiares, es decir si pueden comprar una finca que les garantiza ingresos netos de USD7000, es una buena inversión, más de eso requiere de una autorización, por lo tanto con justificaciones técnicamente argumentadas de la autoridad agraria y no más de 20 unidades productivas agrarias familiares.

 

No estamos impidiendo el acceso a la compra de tierras a los extranjeros porque eso sería inconstitucional, pero me parece que si podemos regular mediante ley, estamos abiertos a debatir, pero los extranjeros no pueden comprar tierras en la frontera, en los 20 km de seguridad, no pueden comprar tierras en áreas protegidas, ¿por qué?, porque frontera y áreas protegidas tienen que ver con áreas y recursos estratégicos, el suelo también es un recurso que tiene que ver con un objetivo estratégico que es la producción para la soberanía alimentaria.

 

Hemos incluido la prohibición de comprar tierras en Ecuador por parte de empresas públicas extranjeras, si dichas empresas públicas quieren invertir en la producción agropecuaria en el país  tendrán que asociarse a una empresa pública ecuatoriana que sea la que tenga la mayoría de acciones y que sea la propietaria del suelo, o podrá asociarse con comunidades que sean los propietarios de la tierra.

 

Adicionalmente estamos prohibiendo la expansión de la frontera agrícola en páramos, los páramos son ecosistemas frágiles, muy sensibles, productores de agua, esto es una demanda nacional ¿Qué hacemos con muchas comunidades que están en páramo y producen en páramo? Si no tienen otra tierra, entonces que el Estado apoye en la formulación de planes de manejo del páramo, hay muchísimas comunidades en el país que tienen planes de manejo, estamos recogiendo sus experiencias y plasmándolas, entonces si hay privados que tienen las haciendas en páramos, igual tendrán que tener un plan de manejo, no pueden meter tractores en el páramo, tienen que tener un plan de manejo para que ese páramo cumpla la función social que es la generación de agua, si dañan ese páramo estarían incumpliendo la función social, por lo tanto estarían incurriendo en una causal de expropiación. 

 

Estas son las búsquedas de respuestas a ¿cómo desarrollar instrumentos que permitan mantener producción, mantener acceso democrático a la tierra, mantener acceso democrático a la producción, generar condiciones de equidad social y proteger los derechos colectivos?, que son los tema clave,  hay que discutir sobres esos temas e ir mejorando sobre condiciones necesarias y posibles.

 

 

M.A.: Les agradecemos por sus respuestas

 

 

 

 

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