III Encuentro Internacional
"Tierra, Territorios y Soberanía Alimentaria"

Objetivos

En un contexto de pandemia a nivel global y nacional, el III Encuentro Internacional "Tierra, Territorios y Soberanía Alimentaria" es un espacio que busca promover la reflexión y el debate, presentar propuestas, y establecer alianzas alrededor de las problemáticas actuales más urgentes que afectan a la soberanía alimentaria, con énfasis en la tierra y los territorios, desde una perspectiva nacional y en el contexto latinoamericano. Es producto de la iniciativa y el esfuerzo conjunto de las organizaciones agrupadas tanto en la Plataforma por la Tierra y Territorios y el Proyecto Equiterra.

Objetivos específicos

  1. Visibilizar las problemáticas actuales más urgentes que afectan a la tierra y a los territorios, en el contexto nacional, latinoamericano y global.

  2. Aportar con elementos teóricos, reflexivos y propositivos que provienen desde los procesos sociales y organizativos que actualmente avanzan hacia la defensa de la soberanía alimentaria con equidad e identidad.

  3. Identificar líneas generales de investigación y temas claves en torno a las problemáticas de la tierra y los territorios.

  4. Identificar propuestas de políticas públicas encaminadas a resolver las problemáticas de tierra y territorios con énfasis a la soberanía alimentaria y agriculturas familiares campesinas, indígenas, montubias y afroecuatorianas.

Antecedentes

 

Durante la segunda mitad del siglo XX la defensa de los derechos laborales y la redistribución de la tierra fueron algunas de las demandas centrales que dieron lugar a normativas como la Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964, el Decreto 1001 de 1970 y la Ley de Reforma Agraria de 1973. Aunque modestas, estas normativas ofrecían algunas garantías a favor de los sectores indígenas y campesinos del país. Opuestos a estos procesos, sectores como las Cámaras de la Agricultura y Ganadería, grandes propietarios y otros, promovieron normativas contrarias como la Ley de Fomento Agropecuario de 1979, presionaron por la reducción de la reforma agraria a procesos de titulación y lograron, finalmente, la emisión de la Ley de Desarrollo Agrario de 1994, contraria a cualquier aspiración redistributiva, promotora del mercado de tierras, atentatoria a tierras comunales, etc. (Brassel, y otros 2008)

Después de casi treinta años de neoliberalismo, las demandas de organizaciones campesinas, indígenas, urbanas, rurales, de mujeres, trabajadores, sectores populares, universidades y otros, lograron la declaración del Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural (art. 1), la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico y una obligación del Estado (art. 281) y el reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos (art. 71).

 

Este nuevo marco constitucional retoma la problemática agraria y la enmarca en un espectro más amplio, colocando en el centro el derecho a la alimentación, la pequeña y mediana producción, la redistribución del agua y la tierra, el acceso al crédito y otros recursos productivos, la protección especial de las semillas, etc.; posiciona, además, la presencia de los pueblos y nacionalidades del país. Todo, con el objetivo final de lograr la construcción de una sociedad sustentada en el Sumak Kawsay

Luego de más de una década, el derecho a una alimentación sana, diversa, propia, está en riesgo debido a que la agricultura familiar no ha logrado acceder a los derechos que por ley le corresponden. Se mantiene una distribución inequitativa de la tierra y el agua, las semillas están en riesgo, las condiciones para acceder a créditos productivos no se corresponden con la realidad de los productores, la comercialización continúa siendo un cuello de botella, los precios de los alimentos no cubren los costos de producción, la promoción del consumo responsable es escasa, las normativas secundarias diluyen el espíritu del mandato constitucional.

De igual manera, la alimentación está en riesgo debido a la amenaza que sufren los sistemas de producción campesinos e indígenas a causa de un sistema económico que debilita su tejido organizativo, promueve la importación de alimentos mediante la firma de acuerdos comerciales y esparce el extractivismo agroindustrial, minero y petrolero por todo el territorio nacional. 

A pesar de estas condiciones adversas, la agricultura familiar, campesina, indígena, afrodescendiente y montubia, y las mujeres, son sin duda los sectores económicos más importantes del país. Entre 2007 y 2016 la agricultura aportó con casi el 10% del PIB (Flores y Sigcha 2017, 2) y de manera sostenida provee al menos el 70% de los alimentos (ETC Group 2017, 6); de su parte, las mujeres tienen un papel protagónico debido a los procesos de feminización del campo durante las últimas décadas y, en general, al trabajo no remunerado que ha sido puesto a su cargo y representa el 15,41% del PIB (INEC 2014).

 

Finalmente, la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 demostró que la agricultura familiar y la economía del cuidado son los ejes del sostenimiento de la vida, tanto en la provisión de alimentos como de cuidados. 

Justificación

Durante el siglo XX, organizaciones campesinas, indígenas y de izquierda colocaron en el centro de la vida política y legislativa del país sus preocupaciones por la distribución inequitativa de la tierra y por las amenazas de los territorios. A pesar de que esto conllevó a la emisión de más de una normativa al respecto, para 2012 el índice de Gini de la tierra continuaba siendo uno de los más altos de la región, con el 0,78 a nivel nacional (2014, 172). De igual manera, en contra del mandato constitucional sobre los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria y el sumak kawsay, el modelo de desarrollo promovido desde el Estado durante la segunda década del siglo XXI se sustentó en una matriz primario exportadora de base extractiva, a partir de la cual proyectos agroindustriales, mineros y petroleros avanzaron sobre el territorio ecuatoriano, y particularmente sobre los territorios indígenas y afroecuatorianos.

La importancia de sostener y profundizar las reflexiones alrededor de las problemáticas de la tierra y los territorios radica en que la soberanía alimentaria no es posible si es que la tierra no se encuentra en manos campesinas e indígenas dedicadas a la producción de alimentos, tampoco es posible si es que la amenaza del modelo económico extractivista continúa avanzando en los territorios.

 

La tierra en manos campesinas e indígenas y el respeto de los territorios es el punto de partida para garantizar el cumplimiento del derecho a la alimentación; su acceso equitativo y seguro es un requisito mínimo para avanzar hacia la consolidación de un modelo económico que coloque en el centro el cuidado de la vida.

El contexto actual de pandemia que vivimos a nivel global y nacional ha profundizado la situación de crisis económica, en dónde el Estado ecuatoriano propone como alternativa la producción minera y políticas públicas con énfasis en el pago de la deuda externa y demás políticas que promueve el Fondo Monetario Internacional.

 

Este contexto ha motivado a la articulación de diversos colectivos que implementan acciones encaminadas a sostener la vida como el Parlamento de los Pueblos. En este contexto proponemos la alianza entre el Proyecto Equiterra y la Plataforma por la Tierra y Territorios Sostenibles para aportar a la dinámica desde las organizaciones de la sociedad civil sobre la problemática de la tierra y la defensa de los territorios, siendo la base material para garantizar la soberanía alimentaria y la vida, a partir de promover la reflexión y debate, identificación de propuestas y establecimiento de alianzas nacionales y latinoamericanas.